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| Fuente: https://madreshoy.com/ |
La alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, presentó
recientemente los resultados de una investigación realizada por Madrid Salud,
el organismo de salud pública del Ayuntamiento de Madrid, sobre la situación
nutricional de los niños y niñas madrileños de 3 a 12 años y la situación
económica de sus familias.
Latía debajo del interés por ese conocimiento el pulso de comprender
el efecto de la crisis económica en los más débiles, reconocer las
características de los más perjudicados y también averiguar cómo se distribuyen
en la geografía urbana. De esa forma se podrán articular algunas medidas que permitan
paliar los efectos de la mala alimentación en la salud de los pequeños, en su
desarrollo y en su bienestar.
Los resultados son tan contundentes como preocupantes.
Apenas existe bajo peso o delgadez patológica
en la infancia madrileña, pero el sobrepeso y la obesidad afecta a 4 de cada 10
niños y niñas (más de 110.000 escolares de educación infantil y primaria), se da
más frecuentemente en los barrios y distritos que registran más precariedad y es
más común en los escolares que hacen menos ejercicio físico o realizan alguna
comida delante del televisor, la consola o el ordenador. Por otro lado, es
interesante resaltar que la obesidad es 5 veces más frecuente en niños y niñas
de familias de clase social desfavorecida frente a los de familias de clase
alta y que la frecuencia de exceso de peso de cualquier categoría en los
pequeños de hogares de inmigrantes supera holgadamente la mitad de todos ellos.
Con todo, uno de los datos más llamativos y desalentadores, por la
transcendencia que tiene de cara a las posibilidades de emprender medidas
correctoras, es el hecho de que el 80% de los padres que tienen hijos e hijas
con sobrepeso consideran que tienen un peso normal, al igual que le ocurre al
45% de los que tienen hijos con obesidad franca.
A pesar del valor intrínseco de todo ello los resultados que más interés han suscitado
son los que se refieren a la llamada “inseguridad de acceso económico a los
alimentos”, que es la situación que afecta a las familias que no pueden
garantizar la alimentación adecuada a sus hijos todos los días del mes por
motivos económicos. No conocíamos este dato aún en la población española, pues
aunque sin duda siempre existieron estas situaciones extremas, hasta que la
crisis y las políticas que se han puesto en marcha con la justificación de la
misma han hecho estragos en la población más vulnerable, no se sintió la
necesidad de cuantificarlo. Pues bien, un 17,9% de las familias con niños o
niñas sufren este problema (es decir, afecta a unos 48.000 niños y niñas),
alcanzando el 25% de las familias en los barrios con mayores dificultades de la
ciudad. Es importante reseñar aquí que trabajos realizados en EEUU o Canadá con
la misma metodología casi nunca arrojan cifras que superen el 10% de las
familias en esta penosa situación. En nuestra ciudad la mitad de las que viven
en estas circunstancias tiene uno o los dos progenitores en desempleo y los
niños y niñas de esos hogares con mucha más frecuencia que los otros acuden a
un colegio público.
Está documentada ampliamente a nivel individual la relación
entre bajo nivel educativo y exceso de peso, así como la existente entre este y
algunos estilos de vida especialmente nocivos, como el sedentarismo. Pero lo
que evidencia este estudio de forma clara es la relación entre el sobrepeso y
la obesidad de niños y niñas y la inseguridad de acceso económico a los
alimentos por parte de las familias, constatándose también que,
independientemente de otros factores concomitantes que pudieran intervenir en esa
asociación, las dificultades económicas incrementan al doble el riesgo de que
las familias tengan hijos obesos.
No hay que contrastar demasiado los hallazgos para deducir
que la hipótesis causal que justifica los hechos tiene que ver con el conocido
asunto de que la comida más grasa y con más azúcares, por tanto la más
calórica, es mucho más barata y asequible que la comida de alto valor
nutritivo. Porque llevar una dieta sana es caro. Por lo tanto parece que la
delgadez o bajo peso patológico (la “desnutrición” en fin) es resultante de la
precariedad solo en condiciones de falta absoluta de alternativas a una
alimentación adecuada. Sería, en fin, la consecuencia de la escasez total, es
decir, de la confluencia de la pobreza con la falta de alimentos baratos,
aunque estos sean muy calóricos, como ocurre en nuestro medio. Cuando hay
disponibilidad de comida más barata, la precariedad conduce inexorablemente al
exceso de peso, a no ser que esta tendencia pueda ser reconducida, al menos en
parte, por el desarrollo de hábitos de vida saludables, eventualidad muy ligada
a un nivel cultural notable.
Este estudio nos indica también que el 64% de los escolares
madrileños comen en el comedor del colegio aunque sólo el 15% de ellos lo hace
con beca de comedor. Esta ayuda, como se entiende, es una solución adecuada
para los hijos de familias con escasos recursos que aseguraría no solo una
dieta suficiente sino también equilibrada y sana, aunque por desgracia no
alcanza a la inmensa mayoría de quienes lo necesitan. De la misma forma es
necesario plantear qué ocurre con esos menores durante las vacaciones
escolares. Sobre la importancia de identificar a estas familias en riesgo y
de incrementar todo tipo de programas
sociales para ellas habla también el dato proporcionado por ese trabajo de que
sólo un tercio de las que viven las situaciones más grave accede a ayudas para
conseguir alimentos (las más frecuentes las reciben de sus propios familiares,
pero también de bancos de alimentos, servicios sociales, entidades religiosas y
ONG’s, etc).
La alimentación adecuada de niños y niñas asegura un
desarrollo físico y mental correcto y previene enfermedades y discapacidad en
la edad adulta. Es de vital importancia asegurarla y detectar a las familias
que no pueden garantizarla para proporcionarles la ayuda adecuada, tanto la de
salud en forma de educación y prevención precoz de enfermedades, como la social para asegurar dietas sanas y
suficientes.
La dura realidad en que vivimos es que casi 13 millones de
personas en España están en riesgo de pobreza y exclusión social según el
último informe “El Estado de la Pobreza, España 2017”, de las que el 30% tiene trabajo. Las
nefastas políticas que se han aplicado en nuestro país en los últimos años han
provocado o agravado esta situación. Un daño cuyos efectos demoledores se ceban
en los más vulnerables y se van a mantener durante años. La situación de los
niños cuyas familias no pueden garantizarles una alimentación adecuada es, de
entre todas, la de consecuencias más devastadoras. Urge acometer un plan
socio-sanitario a gran escala para prevenir y tratar estos problemas. El
Ayuntamiento de Madrid ha iniciado esa tarea que debe contar con el compromiso
y el trabajo de las demás administraciones públicas.
José Manuel Díaz
Olalla
(Publicado en la revistas "Temas para el Debate" nº 278-279, enero y febrero de 2018)
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