Resumen. Los responsables de las políticas públicas deben saber que las mismas
tienen efectos en la vida y el bienestar de la gente. Esto está demostrado científicamente
hace años. Los políticos españoles son reacios a admitirlo y, en su caso, a
asumir las responsabilidades correspondientes. Esta actitud contrasta con la de
dirigentes de otros países de nuestro entorno. A falta de conocerse los datos
oficiales definitivos, en 2012 y como efecto inmediato de los
recortes en el gasto social global, caben esperarse unos 7.720
fallecimientos más (un incremento de un 2%) de los que
ocurrirían si se hubieran aplicado otras políticas. No obstante
y desbordando esas cautas previsiones en el primer semestre de 2012
en España se registraron 21.000 fallecimientos más que en el mismo
periodo de 2011, lo que rebasa en más de un 9% lo asumible por contingencias
coyunturales. Su relación con los recortes en gasto social parece indiscutible.
De la misma forma que los profesionales de todos los sectores responden de sus
actos ante quien corresponda, los que impulsan estas políticas, considerando
que existen otras aplicables en estos momentos, deberían también responder por
estos efectos.
En un interesante estudio investigadores el The
Quality of Government Institute (Universidad de Gothenburg, Suecia) (1)
demuestran, tras un laborioso análisis de datos de más de 120 países, que los
incrementos del gasto privado en salud o el desvío de fondos públicos hacia la
gestión privada de la sanidad, recortándolos por tanto, provoca nítidas disminuciones de la
esperanza de vida en buena salud de la población y, a la vez, aumentos de la
tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna, así como que estas
circunstancias suelen verse precedidas de un déficit mantenido del debido
control de la corrupción.
En otro conocido trabajo titulado “Budget
crises, health, and social welfare programmes” (2) se demuestra que por cada 80 € por persona en que se reduce el gasto
social en sentido amplio (se incluye en él el gasto sanitario) la mortalidad
general puede incrementarse casi un 1% (0,99%), la debida a problemas
relacionados con el alcohol un 2,8%, por tuberculosis un 4,3% y la
cardiovascular un 1,2%. Esta cita y otras valiosas aportaciones en este sentido
se pueden consultar en un artículo de Javier Segura publicado en su blog (3).
Como muestra práctica de lo dicho y por aportar
otro ejemplo, recientemente se ha denunciado por parte de los oncólogos de una
prestigiosa asociación científica española que los recortes en gasto sanitario
ponen en riesgo la vida de miles de niños enfermos de cáncer (4). En el Reino Unido, en 2009, se hizo pública la primera
de cinco investigaciones sobre la gestión del hospital Mid Staffordshire que se
han llevado a cabo después de que las autoridades sanitarias advirtieran de que
en ese centro habían muerto entre 400 y 1.200 personas más de lo que se debería
esperar según las estadísticas. El primer estudio, elaborado por una comisión
dependiente del Ministerio de Sanidad británico, determinó que en la gestión
del hospital había primado “la consecución de objetivos económicos por encima
de la calidad del servicio”, señalándose este hecho como el factor causal
involucrado con más claridad en estos fatales resultados. El primer ministro
británico, Cameron, pidió perdón recientemente en la Cámara de los Comunes por
lo acontecido y por la responsabilidad de los gestores públicos en la puesta en
marcha de las políticas que generaron tan letales consecuencias (5). Poco
después se supo que en España, en la Comunidad de Madrid, las políticas
llevadas a cabo por el gobierno regional de privatización de algunos servicios
sanitarios, como los laboratorios hospitalarios, han podido provocar la muerte
de algunos pacientes porque la demora de los resultados ha determinado fallos
en muchos diagnósticos, según denunciaron algunos médicos (6). La denuncia de
este caso por parte del líder de la oposición en la asamblea regional provocó las
iras del presidente de esta comunidad quien tachó a aquél de “indeseable” y le
amenazó con llevarle ante los tribunales (7). La diferente actitud de los
dirigentes británicos y españoles ante este tema es llamativa, delatando tanto
la falta de cultura democrática de estos como el gran déficit de transparencia
de que adolece la política española así como la sensación de que existe en
nuestro país una enorme falta de entendimiento de que tanto las políticas como
la falta de ellas tienen efectos en la vida de la gente, que se pueden medir,
que el conocimiento científico respalda esas evidencias y que como en cualquier
otra esfera profesional todos deben responder por las consecuencias de sus
actos.
En el año 2012 se sufrió en España un
recorte en gasto social de 7.848,21 millones de € según reflejan los Presupuestos Generales del Estado, por lo
que podemos acordar que sólo en este capítulo se ha rebajado en 166,31 € el
gasto anual correspondiente a cada español.
Los análisis de las series de datos de
los últimos años arrojan que los fallecimientos esperados, en circunstancias
“basales”, en España en 2012 se situarían aproximadamente en 386.000 (+/-1.158)
La cifra extrapolada de defunciones se deriva del decremento en un 0,003% de las
defunciones registradas en el año previo, como ha ocurrido de media anualmente
entre 2006 y 2011. El Intervalo de Confianza con un 95% de seguridad es
el margen que es posible achacar a la casualidad o a la mera variabilidad
biológica con que se comportan todos los fenómenos que tienen que ver con la
salud de la población, tras ajustar por la tendencia observada en el tiempo. De
ello se deduce que cualquier cantidad que sobrepasara los 387.158
fallecimientos esperables en España en 2012 (lo que equivale a una
tasa bruta de mortalidad general de 0,818% +/- 0,003% para IC95%) en principio no
podría explicarse exclusivamente por el azar sino por otros factores entre los
que destaca, como hemos visto y según lo demostrado en otros “escenarios”, los
recortes en el gasto social.
Si proyectáramos esas cifras según el
conocimiento derivado de los hallazgos epidemiológicos comentados podríamos
esperar un incremento de un 2% en la mortalidad general en el año 2012 sobre la
extrapolada de años anteriores achacable específicamente al déficit de
protección sanitaria y social provocado por los recortes en ese renglón
del gasto público. Esto es, unos 7.720 fallecidos más de los esperados sin esos
recortes. A falta de conocer los datos finales de mortalidad de 2012 para
situar en el plano real la proyección desarrollada tenemos un adelanto de esa
información publicado el 19 de Diciembre de 2012 por el Instituto Nacional de
Estadística (8) correspondiente a la mortalidad registrada en los primeros 6
meses de ese año, cuyos resultados rebasan en mucho las más pesimistas
previsiones anteriormente formuladas.
En el año 2011 se produjeron en España 5.864
fallecimientos más de los registrados en 2010. La tasa bruta de mortalidad se situó en 841,0
fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que supuso un aumento del 1,5%
respecto al año anterior. Pero sorprendentemente se registró un incremento de
dimensiones nada previsibles en las defunciones registradas en los seis
primeros meses de 2012 llevando el número de defunciones en ese periodo hasta
las 217.017, un 9,7% más que en el mismo periodo de 2011. Como se comprende
este exceso supera en mucho cualquier margen achacable a una contingencia
casual o coyuntural por lo que, desdiciendo al propio INE, habrá que sentar que
dicho excedente tiene causas. En el actual contexto la explicación más
plausible a este fenómeno alarmante y, además, la única bien respaldada por el
conocimiento científico, se sitúa en el déficit de protección social derivado
de los recortes en gasto social.
Desde 2007 disminuía anualmente la Tasa
Bruta de Mortalidad General sobre la del año precedente hasta el año 2011 en
que, como se ha dicho, se incrementó respecto a la de 2010. Coincide
esta constatación con la práctica paralización de los aumentos de expectativas
de vida que se venían registrando en España desde 2007: mientras que en los
últimos 4 años se incrementaba la Esperanza de Vida al Nacer en 0,3 ó 0,4 años
anualmente, en el último dato conocido, el de 2011, este incremento se redujo a
0,1 años y previsiblemente, a la luz de cómo se está comportando la mortalidad,
retrocederá el indicador general. El retroceso consolidado, de ocurrir, daría
información de un desastre en términos de salud y de desarrollo
humano de incalculables dimensiones, siendo este un fenómeno que se ha
registrado en el mundo en situaciones de crisis muy severas en las que queda
inerte en términos absolutos la obligación protectora del Estado, como ha
ocurrido en el caso de la pandemia de HIV/SIDA en algunos países de África
Subsahariana, en escenarios de cruentas guerras mantenidas en el tiempo o, como
aquí ahora, en el contexto de crisis económicas de gran alcance con restricciones
muy severas de la protección social. Esto ocurrió en muchos países del Este de
Europa tras la caída de la Unión Soviética, incluido Rusia. Hay una
limitación metodológica y conceptual que no se le escapa al autor de este
análisis: una gran parte de los efectos del déficit de protección social se
manifiesta a medio y largo plazo. Es cierto, pero ese principio
metodológico, que también emana de la investigación científica, nos ayuda a
deducir que los recortes de hoy, cuyos efectos empezamos a vislumbrar ahora,
mantendrán su mortífero efecto durante años, de la misma forma que los excesos
de mortalidad que vemos ahora tienen su explicación, también, en los realizados
en años precedentes. Hay que recordar que estas políticas llevan
aplicándose en España, en este último periodo, desde 2010.
Manuel Díaz Olalla
(1)
Sören Holmberg and Bo Rothstein (2011). Dying of corruption. Health
Economics, Policy and Law, 6, pp 529-547.
(2)
David Stuckler, Sanjay Basu, Martin McKee, (2010). Budget crises, health,
and social welfare programmes. BMJ 2010;340:c3311.
(8)
INE. Movimiento Natural de la Población
e Indicadores Demográficos Básicos. Datos definitivos de 2011 y avance del
primer semestre de 2012 (internet). (Consultado el 2 de Abril de 2013). Disponible en: http://www.ine.es/prensa/np759.pdf
