martes, 25 de octubre de 2016

Claves para una atención sanitaria eficiente en las crisis migratorias (nueva entrada en el blog "En la luchita")

Tomada de zabaldi.org

Las crisis migratorias son procesos agudos definidos por el hecho de que un gran número de personas se ve obligado a abandonar su país para buscar refugio, seguridad y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Son, por tanto, crisis humanitarias complejas, que son aquellas que se caracterizan, además de por el movimiento poblacional, por estar provocadas por la guerra o por situaciones de violencia (rara vez se dan tras catástrofes naturales) y por amenazar gravemente el bienestar y la vida de los afectados al verse desposeídos de recursos, servicios básicos y medios de subsistencia.

Entrada en el blog "En la luchita". Para seguir leyendo pulsar aquí: http://bit.ly/2eADyP9

Publicado en FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria   Volume 23, Issue 8, October 2016, Pages 443–445. José Manuel Díaz Olalla  

http://dx.doi.org/10.1016/j.fmc.2016.05.001

martes, 6 de septiembre de 2016

La crueldad de la sentencia del TC a favor del RDL 16/2012 (Juan Luis Ruiz-Giménez)


En 2011 PSOE y Partido Popular (PP) cambian el artículo 135 de la Constitución Española, con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales.  A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.

Una de las ellas ha sido el RDL 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de  su eficiencia.  Instrumento clave que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad Universal del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Sanitario Público con la exclusión sanitaria de un sector vulnerable y replantear las prestaciones sanitarias.

Tras el mismo están directamente excluidos del sistema, los inmigrantes que se encuentran en situación irregular; los españoles mayores de 26 en paro y según cierto límite de ingresos, los que están fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias que no están registradas, y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros.

El Gobierno ya legisló con crueldad para el conjunto de la sociedad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es del de la salud y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultante de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.

Durante el 2012 algunas CCCA, como Andalucía, Cataluña País Vasco y Navarra presentan impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al TC. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y derivado de ello varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como YOSI Sanidad Universal, AI y MdM y Marea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL.

Según evaluaciones efectuadas por movimientos sociales y sectores profesionales, registran que en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas con sufrimiento e incluso perdida al derecho a la vida.

Con la lectura de la sentencia del TC,  he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 del Parlamento  Foral de Navarra(PFN)  por considerar que se utilizaba indebidamente un RDL para las siguientes actuaciones: normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en art 43, cambiar de modelo de universalidad al de aseguramiento  para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 oct LG de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14), inmiscuirse en competencias de las CCAA con respecto a cartera de servicios y temas tributarios. (Art 12.5) y violar Acuerdos Internacionales de los Derechos Humanos.

Este 21 julio del 2016 el Tribunal Constitucional(TC) dicta sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC tarde 4 años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido  son bien conocidas.

La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de 8 votos con 3 votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio TC como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.

El TC que debiera estar para salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.

Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina.

En primer lugar, El TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tiene que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Español(CE) en su artículo 86.1. en la se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en él se recojan determinados límites que tiene que ver con el tema de los derechos humanos contemplados en la CE.  Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la  demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla y estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL.

La argumentación del TC es que el gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.

Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes, que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del SNS que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas,   ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización, falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea, el crecimiento desigual de las prestaciones, falta de eficiencia, la morosidad, el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictamines de la UE del 2009.
Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible. Se señala además que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.

Existen argumentos contundentes así como evidencias claras tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno.
Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.

Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al "insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias". Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante, que responde a la infrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastará mucho y mal en sanidad.  El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.

La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene poder para hacerlo y que solo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su discrepancia con respecto a la sentencia, creo y espero que pueda ayudar a plantear recursos a instancias europeas.

En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiario del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica al dictar el Real Decreto-ley, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.

Otro tema clave es del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43 que debe protegerse según establece la CE y que podría ser una vulneración de los límites materiales que el art. 86.1 CE impone.

La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas, y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia como lo impide el art. 86.1 CE.

Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos Internacionales de los Derechos Humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.

En este punto el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida que si es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna.  Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, puesto la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.

Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención derivan en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su  cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva".

En conclusión, considero que con estas disposiciones legales se genera un sistema  sanitario menos eficiente en salud y sobretodo más injusto.

Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.

Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los Acuerdos y Normas Internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.

Recordamos que “más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y le han recordado que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular”. En el último informe sobre España del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.

La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales.  Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es  parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.

Otro tema importante es el referido a el modelo de sistema sanitario en especial en el tema de la universalidad y las prestaciones y su relación con normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011 de 4 oct LG de Salud Pública que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.

La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos, ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.

En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del art. 43 CE, con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos.  Llama la atención la utilización que hace del termino de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con total desconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.”  Las personas excluidas de la sanidad están pagando un sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.

Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.

Como conclusión creo que se trata de una sentencia muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegitima que nos indigna por avalar el RDL 16/2012 de cambio de modelo sanitario y de una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sente
ncia para generar argumentaciones alternativas.

Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL y un cambio en la CE que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.

Juan Luis Ruiz-Gimenez Aguilar
Médico de la Sanidad Pública
Miembro del MATS, YosiSanidadUniversal y Marea Blanca Madrid
Madrid. Agosto 2016

sábado, 2 de julio de 2016

Esperanza de vida al nacer de la población de los barrios de la ciudad de Madrid (2009-2012)


Se ha publicado recientemente, y en el marco del Estudio de Salud de la ciudad de Madrid, un análisis detallado de la esperanza de vida al nacer de la población de la ciudad según sus barrios de residencia. El trabajo, realizado por Gema Blasco y por quien suscribe, es una aportación que se hace desde Madrid Salud al conocimiento de la salud de la población madrileña, sus factores determinantes y las desigualdades sociales y territoriales que inciden en su distribución.



Esperanza de vida al nacer en la población de los barrios de la ciudad de Madrid (2009-2012)


Ortofoto de El Goloso, el barrio con mejor esperanza de vida al nacer de todos los de Madrid (2009-2012). Como se observa, prácticamente la única zona urbanizada se sitúa al sur (PAU de Montecarmelo)


El trabajo, con sus mapas, gráficas, tablas y ortofotos, puede consultarse en la web de Madrid Salud a través de este link: http://bit.ly/21yHpYW .


Manuel Díaz Olalla



jueves, 28 de enero de 2016

Vivir sí, pero sólo hasta donde se pueda pagar




Manuel Díaz Olalla

El pasado 16 de diciembre de 2015 el diario británico The Independent publicó un artículo en el que proponía al lector que cumplimentara un sencillo test de 14 preguntas para conocer cuántos años aproximadamente le quedaban de vida (http://bit.ly/1SlTcIx). Es una elaboración desarrollada a partir de los trabajos realizados por investigadores de la Universidad de Pensilvania sobre una cohorte de 500.000 personas a la que se ha seguido durante más de 10 años.

Desde el punto de vista epidemiológico la naturaleza del cálculo es intachable. Se fundamenta en la agregación de riesgos de mortalidad conocidos, atribuibles a distintos factores determinantes de la salud. Entre estos, y ahí radica la cierta originalidad del método, se sitúan destacadamente no sólo algunos antecedentes clínicos comunes (como la diabetes) o la concurrencia de algunos factores de riesgo ligados a los estilos de vida (sedentarismo, tabaco, alcohol) sino también ciertas condiciones “socioeconómicas”, como el grado escolar o la renta anual, y de valoración subjetiva de la propia salud. Estas últimas circunstancias que tienen que ver con la posición social o la autopercepción de la salud, y cuyo efecto en la supervivencia es muy conocido a través de los análisis actuales de epidemiología social, no siempre se trasladan a los cálculos del riesgo de morir. Y aquí está la primera sorpresa: aunque todos los estudios evidencian esta realidad, choca que, en términos llanos, el poder adquisitivo de cada cuál sea tan determinante de la supervivencia, sobretodo porque pensábamos que una de las manifestaciones más elocuentes de la civilización era que la vida y el bienestar se mantuvieran al margen de estas contingencias....

Para seguir leyendo clickar aquíhttp://bit.ly/1SlTcIx


Publicado en la página web de la Fundación Sistema, 20 de Enero de 2016. 

miércoles, 6 de enero de 2016

Estudio de Salud de la ciudad de Madrid 2014: conocer para saber, conocer para intervenir




Recientemente se ha presentado el “Estudio de Salud de la ciudad de Madrid 2014”. Es un trabajo desarrollado por profesionales de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid), que se puede leer o descargar desde la página web www.madridsalud.es, a través del link: http://bit.ly/1IROkZF y que he tenido la suerte de dirigir. En él se analiza la situación de la salud de la población madrileña, los factores que la determinan y la distribución de problemas en diferentes grupos de población definidos por características demográficas, socioeconómicas o de zona residencial.  La existencia de un estudio previo (2005) y la disponibilidad de otros actuales de España y Europa permiten dar a esta visión una perspectiva simultáneamente longitudinal y transversal

El conocimiento de la desigualdad social y territorial existente dentro de la ciudad, así como su evolución en el tiempo, es uno de los ejes fundamentales de este trabajo, lo que aporta una serie de elementos básicos útiles a la hora de planificar intervenciones que avancen hacia la reducción de la misma. Y en este plano se establece uno de sus valores añadidos: conseguir que la visión de la salud se incluya en todas las políticas. Es lo que se ha planteado desde el gobierno municipal con el nombre de “Madrid, la ciudad de los cuidados” sobre la convicción de que "todas las personas somos vulnerables, interdependientes y necesitamos cuidados".

Conocer para entender, sí, pero sobre todo conocer para intervenir. Alcanzar a saber qué grupos sociales presentan mayor riesgo de sufrir determinados problemas de salud,  o con más frecuencia desarrollan algunos hábitos que los incrementan, o en qué zonas de la ciudad se concentran determinados factores perjudiciales para la salud, permite una planificación sanitaria también desigual pero equitativa desde el punto de vista de las intervenciones en promoción y prevención y bajo la premisa de orientar la naturaleza de las mismas o su intensidad hacia algunos grupos de población o  hacia determinadas zonas donde viven personas con dificultades especiales.

Se observa que la salud de la población de la ciudad de Madrid está mejorando aunque existen importantes oportunidades para una mayor reducción de la carga de enfermedad prevenible. La brecha en las tasas de mortalidad entre hombres y mujeres se ha reducido, pero las desigualdades en salud entre grupos sociales y entre zonas de la ciudad siguen siendo muy acusadas. La población que reside en los distritos del Sur y el Sur-Este de la ciudad es la que mayor dificultad enfrenta para mantenerse sana y vivir muchos años, en especial los hombres. De hecho la desigualdad se agudiza en los últimos años fundamentalmente por el hecho de que los hombres de esas zonas mejoran mucho menos su salud que el resto de la población, retrasándose por ello respecto a los demás.

En este trabajo, con el objeto de aproximarnos a la cuantificación del impacto de la desigualdad socioeconómica y territorial en la mortalidad, se ha calculado la proporción en que disminuiría la tasa de mortalidad general ajustada por edades en el caso de que la población de todos los distritos registrara un riesgo de morir idéntico al de la población de Chamartín, la que tiene el más bajo de todos. Es decir, cuánta mortalidad se evitaría si no existiese desigualdad y todos los distritos tuvieran la situación del mejor de ellos, equiparándoles por tanto a todos con la mejor de las posibilidades. En este caso disminuiría la mortalidad con datos de 2013 en toda la ciudad en un 10,55% de la tasa ajustada, esto es, aproximadamente unas 1.422 defunciones menos. Cabe consignar aquí que esta cifra es muy similar a la hallada en 2005 que, con datos de aquél año, se aproximó a un 11%. Con este mismo planteamiento en el mismo año 2013 la población que reside en el grupo de distritos de menor desarrollo hubiera reducido su mortalidad un 11,40% de haber registrado una tasa de mortalidad ajustada por todas las causas idéntica a la hallada para la población del grupo de distritos de mayor desarrollo.

Disminuyó la mortalidad registrada en los últimos años, excepción hecha de lo ocurrido entre 2010 y 2012 en que, como en el conjunto del Estado y en la ciudad de Barcelona, cayó la esperanza de vida seguramente por efecto de las políticas desarrolladas con la justificación de la crisis económica. Al no haber ido acompañado este descenso de otros similares en morbilidad crónica, las personas viven más tiempo con enfermedades, problemas de salud y limitaciones de todo tipo. En concreto y para quienes nacen en la actualidad en Madrid se puede calcular que vivirán un 20% de su vida total con mala salud si son hombres y un 25% si son mujeres. 

La alta prevalencia de problemas crónicos, cuya distribución, además, nos devuelve una foto nítida de la desigualdad (tienen más riesgo de padecerlos las mujeres, quienes pertenecen a un hogar de clase social desfavorecida o viven en zonas de menor desarrollo), es uno de los problemas más llamativos de entre los encontrados, así como la gran proporción de personas con riesgo de mala salud mental, con exceso de peso, que llevan una vida sedentaria o se alimentan mal. La elevada fecundidad detectada en chicas adolescentes, en especial inmigrantes que viven en zonas periféricas, es otro problema que sin duda merece nuestra atención. 

Las políticas deben abordar las causas de la mala salud, así como de la mortalidad prematura, considerando en la planificación de todas ellas el determinante papel del envejecimiento y  sobre-envejecimiento de la población de Madrid. 

Este trabajo demuestra también que se necesita una acción sistemática tanto a nivel local como a nivel nacional para reducir la exposición al riesgo, apoyar conductas saludables, aliviar la gravedad de los trastornos discapacitantes crónicos, y mitigar los efectos de la privación socioeconómica.

J. Manuel Díaz Olalla